Ayer, la lluvia impidió realizar las actividades previstas por 16 organizaciones no gubernamentales en colaboración con la Coordinadora de ONGDs en la Plaza de Anaya. Estaba previsto que estas actividades significasen el final del II Foro Solidario que se celebra en nuestra ciudad. Sirva esta primera referencia como reconocimiento público a quienes, casi siempre desde aportaciones voluntarias, dedican su tiempo a estas organizaciones en Salamanca. Y permitidme que os cuente una experiencia personal reciente.

El pasado miércoles, invitado por Entreculturas, Ayuda en Acción y el sindicato de enseñanza STES, participé en un acto en el salón de plenos del Ayuntamiento de Salamanca en el marco de la Campaña Mundial por la Educación. Era la tercera vez que asistía a una actividad similar, tras estar hace dos años en el IES Francisco Salinas y el año pasado en la Universidad Pontificia. En el marco de este acto, una de las estudiantes asistentes me preguntó qué había hecho por cumplir el compromiso adquirido dos años atrás de aumentar la cooperación al desarrollo en el Ayuntamiento y qué éxito había tenido. En la respuesta leí un extracto de acta del Pleno del Ayuntamiento de la sesión del 22 de diciembre de 2005 en la que se aprobaron los Presupuestos Municipales para 2006. En el acta me refería a los mismos como insolidarios, ya que la aportación a cooperación al desarrollo, congelada desde 1996 en 120.000 euros, se había reducido ese año a sólo 84.000 euros. La referencia molestó sobremanera al diputado provincial del PP Alfredo Martín, que comentó que no le parecía el foro para leer dicha acta. Pero, si ése no era el foro, ¿cómo debía haber contestado a la joven que me preguntó? Con vaguedades, como ellos. O con mentiras. No hay mejor manera de saber qué se hace en una institución que leyendo el acta correspondiente.

Estoy convencido que la cooperación internacional es una obligación de quienes vivimos en los países más ricos, y el Ayuntamiento de Salamanca gobernado por el PP está a la cola en esta materia, ya que destinamos menos del 0,1% del presupuesto municipal. El Ayuntamiento en estos años no ha estado a la altura de lo que las salmantinas y los salmantinos, solidarios permanentemente, demandan de la institución que los representa. Por ello, el compromiso que firmé hace dos años, y reiteré este miércoles, para aumentar la ayuda al desarrollo, formará parte de las políticas que llevaremos a cabo en el Ayuntamiento a partir del próximo 27 de mayo. Los salmantinos, y sobre todo quienes menos tienen en cualquier lugar del mundo, nos lo reclaman.

Si existiese un contador diario del despropósito que está significando para Salamanca el capricho del señor Lanzarote de derribar las casas adosadas a la muralla en el Paseo del Rector Esperabé, a costa de nuestro bolsillo, el pasado 9 de abril hubiese marcado 2.500 días desde aquel 4 de junio de 2000 en el que se desplomó una parte del lienzo de la muralla días después de que los vecinos hubiesen denunciado grietas en la misma y el equipo de gobierno municipal del PP, como en tantas ocasiones, hubiese mirado para otro lado.

Ya lo había intentado unos años antes, pero había desistido ante la oposición de los vecinos a abandonar sus casas, que han estado protegidas en el Plan de Urbanismo hasta el pasado mes de enero. Pero el derrumbe de la muralla hizo que el todavía alcalde volviese a las andadas. “Es imposible rehabilitar la muralla sin derribar las casas”, aseguró el entonces concejal de Urbanismo, Jesús Encabo. Se expulsó a todos los vecinos de sus viviendas, fueron realojados en hoteles y viviendas de alquiler, donde algunos aún continúan esperando ocupar la vivienda en la Vaguada de la Palma por la que han permutado la suya.

Pasaron los años, la policía local vigilaba día y noche la zona (seis policías diarios dedicados a tal fin), los inquilinos de los locales que se vieron en la calle recurrieron a los juzgados, se pudo rehabilitar la muralla sin tocar las casas y los tribunales anularon uno tras otro los decretos del PP, declarando que la principal responsabilidad económica en las indemnizaciones sería del Ayuntamiento, es decir, que hemos tenido que hacer frente con nuestro dinero a tal disparate.

Han pasado casi siete años de aquella fecha y entre gastos de realojo, sueldos de los policías locales, valor del suelo y las viviendas construidas para permutarlas con los propietarios, dinero pagado para adquirir algunas viviendas, y coste de las indemnizaciones a los inquilinos, llevamos gastados 4,7 millones de euros, estando pendientes de adquirir dos viviendas y un edificio entero. Al final, el despilfarro en este tema superará los 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas, que podrían haber servido para renovar las tuberías de cientos de calles en barrios o construir cinco escuelas infantiles. Para mí, el dinero de los salmantinos es sagrado y nuestro cambio en el Ayuntamiento también significará apartar para siempre la toma de decisiones basadas exclusivamente en el capricho de un señor, por muy alcalde que sea.

Hoy es Lunes de Aguas. Es una de esas fechas cuyo significado se explica a quienes nos visitan, a quienes contamos de qué está hecho el hornazo y quién era el Padre putas. Hoy también es mi último día de vacaciones en la Universidad, y no habrá muchos más hasta el 27 de mayo para dedicarlos a la familia. Ésta va a ser mi única ocupación de la jornada y en ella he hecho un pequeño inciso, he abierto el ordenador y he decidido escribir sobre el lugar donde a mediados de los 80, con mis amigos del Barrio Garrido, pasaba tal día como hoy: el monte de Gargabete.

Situado a seis kilómetros de Salamanca en dirección a Alba de Tormes, con una extensión de varias hectáreas (no sé de memoria cuántas) y propiedad del Patronato Benéfico Virgen de la Vega, el Ayuntamiento de Salamanca, gobernado por el PSOE con Jesús Málaga como alcalde, alquiló este monte a fin de que pudiese ser utilizado por los salmantinos como lugar de esparcimiento, siendo destinado íntegramente el alquiler pagado a subvencionar plazas a mayores con escasos recursos en la residencia de San Rafael. Un acuerdo impecable con un claro fin social, y que nos permitió a miles de salmantinos durante años pasar fines de semana cerca de Salamanca rodeados de encinas. Y un lugar, sobre todo, vinculado al Lunes de Aguas.

En él, unos cuantos jóvenes del Instituto Mateo Hernández pasábamos tal día como hoy hace más de veinte años dando patadas a un balón, echando partidas interminables de cartas y comiendo hornazo. Íbamos en alguno de los autobuses que ponía a disposición de los salmantinos el Ayuntamiento y volvíamos de igual modo (salvo, creo recordar que en 1984, un año que diluvió a media tarde y decidimos volver andando, de lo que se resintió mi salud durante algunos meses).

Así fue durante años, pero hoy no podríamos hacerlo. Quizá muchos jóvenes ni siquiera conozcan que esto era posible hace muy poco tiempo. Con la excusa de que el alquiler era caro, cuando venció el contrato a finales de los años 90, Julián Lanzarote decidió no renovarlo y privar a los salmantinos del uso público de Gargabete. Mi impresión es que, como en tantas otras ocasiones, quería eliminar todo aquello que había sido impulsado por las corporaciones municipales gobernadas por los socialistas, sin importarle el perjuicio que causaba a los ciudadanos.

Termino ya. Hoy, que el tiempo acompaña, espero que los salmantinos disfruten del Lunes de Aguas olvidando los quebraderos de cabeza cotidianos, igual que se ha hecho en nuestra ciudad desde hace siglos. Es una fecha tan vinculada a Salamanca que me parece razonable que cuando alguna de nuestras fiestas locales (12 de junio o 8 de septiembre) sea domingo, el Ayuntamiento de Salamanca declarase el Lunes de Aguas de ese año como fiesta local. Creo que la siguiente ocasión será el 12 de junio en 2011 y espero poder proponerlo a finales de 2010 como alcalde de Salamanca.

Esta mañana nos hemos desayunado con una noticia en la prensa local en la que el PP asegura que buzoneará 80.000 panfletos para mentir a los ciudadanos sobre la implantación de la alta velocidad en Salamanca. Es ya lo único que les queda en su continua oposición de plañideras acusando falsamente al gobierno socialista de “marginación” a Salamanca.

Empezaron con los incentivos fiscales para el programa de actividades culturales 2005, Plaza Mayor de Europa que fueron denegados por Rodrigo Rato en una visita a Salamanca en febrero de 2004 y se los reclamaron inmediatamente al nuevo gobierno hasta que fueron aprobados ese año por iniciativa gubernamental. Después le tocó el turno a la XV Cumbre Iberoamericana (todavía Lanzarote celebra un concierto cada año en el aniversario del anuncio electoral de Aznar), de la que aseguraron que no vendría a Salamanca y vino. Y, más tarde, la tomaron con el Centro Nacional de Referencia de Alzheimer, que fue contratado a finales de 2005 y unos días después ya estaban los senadores del PP en la parcela del barrio de Vistahermosa diciendo que no había obras. Las obras comenzaron, han ido a un ritmo excelente y es probable que acaben a final de año. Por eso, los catastrofistas del PP cambiaron de melodía.

Y se dedicaron a dar voces por las autovías previstas en el programa electoral socialista. Decían -y todavía lo dicen algunos ahora que hay 15 tramos en obras y todas tienen previsto finalizar el año próximo- que los plazos no se cumplirían. Y hasta pusieron en Calvarrasa de Abajo unas vallas publicitarias con la imagen de Jesús Caldera. Lo curioso es que lo hacían los mismos que apoyaron durante ocho años a un gobierno del que formaba parte como ministro de Fomento un tal Álvarez Cascos, que anunciaba en diciembre de 2003 la comunicación con Madrid por autovía para el año 2010 -como muy pronto-, y que se dedicaba a comprar con dinero público cuadros en la galería de su actual novia, en lugar de encargar los proyectos de los tramos pendientes. El actual gobierno socialista encargó los proyectos en plazo record, los aprobó y llevan meses contratados y en obras. Si el tiempo no lo impide, a finales del año próximo podremos ir en autovía a Gijón, Sevilla o Madrid. Así que los senadores del PP (porque sus dos diputados por esta provincia están desaparecidos) se tuvieron que dedicar a otras cosas.

Y les dio por el Museo Nacional de Arquitectura. Los mismos que querían destinar la sede del Banco de España en la Plaza de los Bandos a oficinas, que votaron en el Senado a favor de que este museo se instalara en Barcelona, y que convocaban rueda de prensa una semana sí y otra también para decir no se sabe cuántas cosas de la “traición” del gobierno a Salamanca con respecto a este museo. Y el museo se creó por acuerdo del Consejo de Ministros (solamente hay una veintena de museos nacionales en España) hace unos meses, visitaron su futura sede los ministros de Vivienda y Trabajo, y la estrategia victimista del PP se quedó sin otro argumento.

Así que como último recurso se dedican ahora a faltar a la verdad con respecto a las inversiones en materia ferroviaria. El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) establece tres líneas de altas prestaciones (velocidad por encima de 200 km/hora para viajeros, que en normativa europea es denominada “alta velocidad” y posibilidad de ser utilizadas para transporte de mercancías). Son Salamanca - Medina del Campo, Salamanca - Fuentes de Oñoro y Salamanca - Ávila - Madrid. Esta última no estaba prevista en el llamado Plan Viaria que diseñó Álvarez Cascos y seguro que esto no aparece en los panfletos del PP.

Los tiempos de los trayectos con las nuevas líneas mejorarán infinitamente la situación actual y potenciarán, sin duda, el uso del ferrocarril. Pero lo más importante es que si no es posible la utilización de las vías para tránsito de mercancías, el puerto seco previsto en la finca de La Salud no será viable. Por eso, quienes firmaron un protocolo en julio de 2004 para crear esta infraestructura, y todavía no han hecho nada, no tienen ningún crédito para criticar al gobierno que hará posible que la zona logística de Salamanca sea realidad en unos años, más allá de los actuales anuncios propagandísticos de quienes todavía gobiernan el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

El PP juega con que las inversiones previstas en ferrocarril no se verán tan pronto como lo están siendo los tramos de autovías en obras. Pero su crédito para criticar es el mismo: nulo. Espero que con un nuevo gobierno socialista en Castilla y León potenciemos, además, las comunicaciones regionales a través del ferrocarril, recuperando también la línea entre Salamanca y Zamora, dos ciudades con miles de desplazamientos diarios entre ellas.

“Querida Ministra y amiga:

Tal como convinimos en nuestra última reunión en el Ministerio, este Ayuntamiento ha procedido a realizar un informe de valoración del Palacio de Orellana edificio que acordamos fuera sede del futuro Centro de Estudios y Documentación sobre la Guerra Civil Española.

Como recordarás, una vez confeccionado dicho informe el Ayuntamiento debía hacer llegar a sus propietarios, de modo fehaciente, una oferta de compra del inmueble, con la finalidad de cerrar la adquisición de forma amistosa, en caso de aceptarla, o de iniciar el proceso expropiatorio, en caso contrario.”

La referencia anterior es textualmente el inicio de una carta enviada por Julián Lanzarote a Esperanza Aguirre el día 5 de junio de 1998, y pone a las claras el doble lenguaje y la hipocresía que caracterizan al PP de Salamanca en relación a conseguir que el Palacio de Orellana, edificio emblemático de nuestra ciudad, pase a ser propiedad pública. Quienes defendían su adquisición por parte del Estado hace nueve años, ahora ponen todas las trabas posibles para que se consiga. Quienes no se atrevieron siquiera a iniciar la expropiación, ahora la critican. Quienes querían crear en este inmueble el Centro de Estudios y Documentación sobre la Guerra Civil Española, ahora se oponen a la creación en nuestra ciudad del Centro de la Memoria, una iniciativa que permitirá convertir a Salamanca, con más medios y más personal, en la ciudad de referencia para el estudio de la guerra civil, la represión franquista y el exilio, y no sólo para albergar documentos depositados aquí por los vencedores de nuestra trágica contienda civil.

En los últimos meses, en numerosos ocasiones, he reconocido públicamente que el retraso en la creación de este gran centro para Salamanca me desagrada, y que en cuanto se ponga en marcha, aparte de los puestos de trabajo que se creen y que nunca están de más en una ciudad donde volvió a crecer el desempleo el mes pasado, la imagen cultural de Salamanca se afianzará y nuestra ciudad será el destino obligado de quienes quieran estudiar con rigor el periodo más negro de nuestra historia reciente. Pero esto a Lanzarote, que se rodeó hace no mucho del revisionista Pío Moa en su cruzada contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no les interesa lo más mínimo.

Ahora bien, la resolución del Tribunal Supremo conocida ayer dando la razón al Gobierno frente a los propietarios actuales del Palacio de Orellana, despejando el camino para la expropiación, estoy seguro que es una gran noticia para la mayoría de los salmantinos, que durante años comprobaron el deterioro del inmueble, que desean su utilización pública, y que no comprenden la oposición del todavía alcalde a un proyecto como el Centro de la Memoria que será positivo para Salamanca. Independientemente de quien gobierne, en la reivindicación de la utilización pública de Orellana, respetando los derechos de sus propietarios actuales, y de la instalación en Salamanca de iniciativas positivas para la ciudad siempre me van a encontrar. Y estoy convencido que no estaré solo, sino acompañado de la mayoría mis convecinos.

La foto que acompaña este comentario está tomada alrededor de las once de la mañana del viernes 19 de enero del presente año en las instalaciones que la empresa ENAGAS tiene en el municipio zamorano de Coreses. Los dos trabajadores que aparecen en ella forman parte de la empresa EULEN, partieron a primera hora de la mañana desde Salamanca y al menos uno de los dos empleados está adscrito a la plantilla que se encarga del mantenimiento de los parques y jardines de nuestra ciudad. Estos trabajadores, pagados por el Ayuntamiento de Salamanca –es decir por todos nosotros-, solamente pueden dedicarse durante su horario laboral (por supuesto, tienen que hacerlo un viernes a las once de la mañana) a cuidar de las zonas verdes de la ciudad que son competencia municipal, y no hacerlo está considerado como una falta muy grave de la empresa, que conlleva una sanción de hasta 24.000 euros.

La anterior afirmación, muy seria, la realicé en nombre del Grupo Socialista el pasado jueves, durante el transcurso del pleno municipal, cuando solicitamos que se creara una comisión de investigación para analizar estos hechos y otros similares denunciados durante los últimos meses por la totalidad de la plantilla municipal de parques y jardines.

Sin que nadie haya desmentido ninguno de los datos aportados –y no lo podrán hacer porque son ciertos-, la respuesta del PP fue decir que no aportábamos pruebas suficientes, votar en contra de nuestra iniciativa y mirar para otro lado. Aunque, eso sí, antes tuvieron que sonrojarse al saber que sabíamos que también ese empleado pagado por el Ayuntamiento había sido enviado por sus jefes a trabajar en el jardín del portavoz del equipo de gobierno, Fernando Rodríguez.

Y no sólo lo sabíamos, sino que, en nuestro compromiso de transparencia con los salmantinos, lo hicimos público. Sin prejuzgar ninguna ilegalidad. Porque cuanto menos es elocuente de la pérdida de pudor de quienes todavía se encargan de dirigir nuestro Ayuntamiento que su portavoz -entre todas las empresas de jardinería que hay en Salamanca- contratase para arreglar el jardín de su chalet a la misma empresa que tiene contratado el Ayuntamiento, y que realizase ese trabajo, al menos, un empleado con dedicación completa a los parques y jardines de la ciudad. Si la contrató de verdad, pagó las facturas y los trabajos se realizaron fuera del horario de la contrata municipal, este hecho es indecente. Si no, es mucho más grave y lo acabaremos sabiendo. Por de pronto, Fernando Rodríguez ya puede ir haciendo públicas las facturas y los justificantes del pago de las mismas.

En cualquiera de los casos, la foto de Coreses merece que se actúe con la máxima contundencia porque el dinero de los salmantinos es sagrado, las condiciones de las contratas están para cumplirse, y comprobar si se ha cometido o no una infracción es tan sencillo como preguntar a los trabajadores del servicio si conocen a quienes aparecen en la foto y qué día se realizó ese trabajo. Y si no lo hacen quienes gobiernan ahora, lo haremos por respeto a los salmantinos quienes vamos a gobernar después de las elecciones de mayo.